Diecinueve localidades son parte del Compromiso Metropolitano por la Memoria, la Verdad y la Justicia
- Intendentes y autoridades legislativas del Ente Metropolitano acordaron promover la Ley Sonia Torres en sus ciudades.
En el marco de las actividades conmemorativas a 50 años del último Golpe Cívico Militar, el Ente Metropolitano Córdoba encabezó la firma del Compromiso Metropolitano por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Durante la jornada, intendentes y presidentes de concejos deliberantes de la región suscribieron el compromiso de sancionar la ordenanza correspondiente de adhesión a Ley Provincial Sonia Torres.
Esta normativa establece la capacitación obligatoria en Derechos Humanos para todas las personas que se desempeñen en la función pública, reafirmando la importancia de sostener políticas públicas que promuevan la memoria activa.
La reunión se desarrolló en el Espacio para la Memoria Campo de la Ribera y fue presidida por el titular del ente, Rodrigo Fernández, junto a la secretaria de Derechos Humanos y Diversidad de la Provincia, Tamara Pez, y el director del espacio, Samir Juri.
El acuerdo involucra a un total de 19 localidades. Se sumaron formalmente Colonia Tirolesa, Mendiolaza, Saldán, Río Ceballos, Monte Cristo, Piquillín, Lozada, Río Primero, Despeñaderos y Estación Juárez Celman. Estas ciudades se integran a los municipios que ya cuentan con la normativa: Córdoba Capital, Malvinas Argentinas, Salsipuedes, Villa Parque Santa Ana, Malagueño, Agua de Oro, Toledo, Villa Cerro Azul y Mi Granja.
Como parte de su política de derechos humanos, la Municipalidad de Córdoba adhirió a la Ley Sonia Torres mediante la ordenanza 13.451, promulgada en mayo de 2024.
Al inicio de su discurso, el titular del ente destacó el acuerdo firmado por los municipios y comunas, y aseguró que es una política que tiene como objetivo concientizar sobre el último golpe de Estado.
“Nosotros tenemos la firme convicción de darle un carácter y una perspectiva metropolitana a una fecha dolorosa y tan significativa para el país. Que los municipios se quieran comprometer con este acuerdo habla a las claras que vamos a continuar defendiendo Memoria, Verdad y Justicia”, enfatizó Fernández.
Por su parte, Tamara Pez agradeció el trabajo conjunto con el Ente Metropolitano y expresó: “Todo esto lo estamos viviendo con mucha emoción. Se cumplen 50 años del golpe de Estado y 20 de la política que lleva adelante la Provincia de Córdoba por la memoria, verdad y justicia”.
Sobre el compromiso firmado por los municipios, Pez afirmó: “Buscamos que los gobiernos locales se adhieran a la Ley Sonia Torres y vemos mucho interés por parte de todos los actores de la sociedad. El espíritu de la ley es defender un Estado de Derecho, y además, es una herramienta que fortalece las gestiones de cada uno de los municipios. Son un ejemplo para la región e invito a que se sigan sumando”, manifestó.
Por su parte, Samir Juri, manifestó que esta acción “es especial porque se trata de la territorialización de las políticas públicas sobre la memoria y llegar a todos los municipios”.
Asimismo, destacó la implementación de la Ley Sonia Torres: “Es una ley insignia porque forma en DD. HH. Y ahora, a través de esta firma, está a disposición de los municipios y comunas del Ente Metropolitano.
Por último, Rodolfo Novillo, ex detenido político y militante por los Derechos Humanos, sostuvo que “la Ley Sonia Torres es enseñanza porque fortalece la conciencia y la capacidad de reflexión de toda la comunidad, priorizando los valores, esos que tuvieron los 30.000 desaparecidos”.
En el marco del encuentro, autoridades del Espacio para la Memoria Campo de la Ribera hicieron entrega de material bibliográfico a las autoridades presentes, en reconocimiento a su compromiso con el fortalecimiento de la vida democrática en sus comunidades.
El acto contó además con la presencia de la subsecretaria de Desarrollo Metropolitano de la Municipalidad de Córdoba, Mónica Zalazar; el Director Ejecutivo del Ente, Sergio Cornejo; el director de Asuntos Económicos, Jorge Gavilán, concejales y autoridades de las localidades, funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos; directores de Espacios para la Memoria y ex Centros Clandestinos de Detención; familiares, sobrevivientes y organismos de derechos humanos.
