Sitio en construcción
Entre 1976 y 1983, el Estado argentino desplegó un plan organizado de persecución política que incluyó secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas. Este accionar no fue aislado ni espontáneo: formó parte de una estructura nacional que articuló fuerzas militares, de seguridad e inteligencia junto a instituciones públicas, con el objetivo de ejercer el control social mediante el terror.
En la provincia de Córdoba, este proceso se inicia con el derrocamiento del gobierno constitucional, en el denominado “Navarrazo”, hecho que marcó un quiebre en el orden democrático. A partir de entonces, se consolidó un esquema de intervención coordinada entre distintas áreas del aparato estatal, que permitió el funcionamiento sostenido de un circuito represivo en el territorio provincial. Córdoba se constituyó en uno de los principales centros del accionar represivo a nivel nacional, con la articulación de múltiples centros clandestinos de detención, como La Perla y Campo de la Ribera.
El cementerio es uno de los sitios más significativos para la reconstrucción de los hechos ocurridos durante la dictadura cívico-militar, ya que fue utilizado para el enterramiento clandestino de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado.
Durante este período, el Cementerio San Vicente formó parte de una lógica sistemática orientada a la desaparición de personas y a la eliminación de toda evidencia, con el objetivo de impedir su identificación y garantizar la impunidad de los responsables.
El portón de la calle Río Paraná funcionó como un ingreso secundario utilizado por vehículos militares, permitiendo operar con mayor discreción y reducir la visibilidad pública de los traslados realizados, en su mayoría, desde la morgue judicial y, en muchos casos, desde centros clandestinos de detención como La Perla.
Una vez dentro del predio, los cuerpos eran arrojados en fosas comunes excavadas en el sector final del cementerio, próximas al antiguo muro perimetral. Entre ellas, se destaca la denominada “Gran Fosa”, uno de los principales sitios de enterramiento clandestino identificados en el predio y un testimonio material del accionar represivo en este lugar.
El Cementerio San Vicente constituye hoy un espacio fundamental para la construcción de la memoria colectiva, en tanto evidencia material de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado y del posterior recorrido hacia la verdad y la justicia.
Las investigaciones, las tareas de exhumación e identificación y los procesos judiciales desarrollados a lo largo de las últimas décadas dan cuenta de un trabajo sostenido entre el Estado, la Justicia y los organismos de derechos humanos, orientado a restituir identidades, reconstruir historias y garantizar derechos.
En la actualidad, este histórico lugar de la ciudad se ha resignificado como un espacio de memoria que interpela a la sociedad sobre el pasado reciente y reafirma el compromiso colectivo con la verdad, la justicia y la no repetición.